En un reciente comunicado, diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos de personas con VIH y poblaciones en mayor riesgo (PEMAR) expresaron su descontento hacia el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala José Alejandro Córdova Herrera, exigiendo respuestas ante múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos que no han sido atendidas oportunamente.
Las organizaciones han denunciado la práctica obligatoria de pruebas de VIH en instituciones públicas, incluyendo la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Organismo Judicial, en donde los solicitantes y empleados deben demostrar que no padecen enfermedades infectocontagiosas para obtener o mantener sus cargos. Esta política, que consideran discriminatoria, continúa sin regulación efectiva ni intervención por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), organismo señalado por no cumplir con sus funciones de protección y actualización en temas de salud pública. En consecuencia, Guatemala termina el año 2024 sin un Plan Estratégico Nacional ni una política pública actualizada de VIH.
Otro punto de preocupación es la falta de avance en la iniciativa de ley 6396, conocida como “Ley Integral de VIH”. Las organizaciones señalaron la negativa del Procurador de emitir un dictamen o brindar una opinión técnica sobre esta normativa crucial, que busca garantizar los derechos y mejorar la atención para las personas con VIH.
Además, las organizaciones resaltaron que, a pesar de que la institución del Procurador solicitó colaboración para un informe de derechos humanos sobre la situación de VIH y PEMAR, el propio ente de derechos humanos reportó en 2023 no tener registros de denuncias, situación que contradice el volumen de denuncias ya presentadas por la sociedad civil. Las organizaciones señalaron que el Informe Nacional sobre Derechos Humanos, VIH y PEMAR, presentado en septiembre de 2024, ya contiene la información necesaria y pidieron que primero se atiendan las denuncias pendientes antes de solicitar datos adicionales.
La sociedad civil espera que el Procurador y el MSPAS tomen acciones concretas para asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas con VIH, así como un entorno libre de discriminación en las instituciones públicas del país.