En una reciente sesión del Congreso, se ha presentado una polémica iniciativa denominada “Ley para la Conservación Integral de la Sociedad”. Este proyecto busca no solo mantener la prohibición del aborto, sino también imponer penas de cárcel a quienes promuevan esta práctica.
La propuesta, liderada por el segundo vicepresidente del Legislativo, César Amézquita, establece sanciones que van de cuatro a ocho años de prisión y multas que oscilan entre Q100 mil y Q200 mil para quienes faciliten o promuevan el aborto. Además, la pena se incrementaría en un tercio si el infractor es un familiar de la mujer embarazada, un médico o un funcionario público.
Pero la iniciativa no se detiene ahí. También se prohíbe el “adoctrinamiento de género” en las escuelas y el uso de materiales que no se alineen con lo que se considera “buenas costumbres”. Esto incluye restricciones a charlas educativas sobre diversidad sexual y temas relacionados.
A su vez, la propuesta asegura que nadie será penalizado por no aceptar en su hogar la diversidad sexual o la ideología de género, y establece una prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo, así como de uniones de hecho que no sean entre un hombre y una mujer.
Amézquita ha declarado su intención de buscar el apoyo de todas las fuerzas políticas para que esta ley se convierta en realidad, afirmando que es crucial para proteger a la familia y la sociedad de ideologías que, según él, amenazan su integridad. De ser aprobada, el Estado tendría que implementar programas que promuevan “el valor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. La propuesta ya ha suscitado intensos debates y reacciones en varios sectores de la sociedad.