La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló un nuevo caso de defraudación tributaria, denominado Eureka B410, que involucra a un proveedor individual que recibió adjudicaciones por Q133.5 millones entre 2021 y 2024. La investigación, liderada por el superintendente Marco Livio Díaz Reyes, evidenció graves irregularidades en la asignación de contratos por parte de municipalidades, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Salud.
El proveedor señalado no contaba con los recursos necesarios para cumplir con los proyectos asignados, como maquinaria o personal, y alquiló equipo a empresas relacionadas con el caso B410, el cual ya había sido denunciado en agosto pasado por simular operaciones comerciales. Según la SAT, los domicilios fiscales del proveedor fueron registrados en direcciones de Petén y la ciudad capital, pero estas ubicaciones no mostraban evidencia de actividad comercial, incluyendo una residencia en la colonia Eureka, zona 21, que fungía como fachada.
El caso detalla que en 2022 el proveedor facturó Q39.8 millones, pero Q17.9 millones presentan inconsistencias. Estas incluyen transacciones con proveedores no localizados, empresas con irregularidades y entidades relacionadas con B410. Más del 64% de las compras del proveedor carecían de sustancia económica real.
El impacto fiscal de estas irregularidades asciende a Q6.9 millones, distribuidos entre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). El proveedor reportó pagos que representaban solo el 2.15% de IVA y el 0.01% de ISR en relación con sus ingresos, un comportamiento anómalo para un contratista con contratos millonarios. Ante estas irregularidades, la SAT suspendió la afiliación al IVA del contribuyente.
La denuncia penal fue presentada al Ministerio Público (MP) el 25 de noviembre, junto con los expedientes que documentan las anomalías. La SAT continúa analizando los registros de otros años, mientras las investigaciones avanzan para desarticular posibles redes de defraudación fiscal.
Este caso, que tomó casi tres años en ser revelado, genera cuestionamientos sobre la tardanza en su publicación y la aparente inacción de las autoridades durante la administración anterior. Las investigaciones de la SAT evidencian no solo el impacto económico de la evasión fiscal, sino también las deficiencias en los procesos de contratación pública que permitieron estas adjudicaciones irregulares.
El superintendente Marco Livio Díaz Reyes aseguró que el uso de herramientas avanzadas, como el Módulo de Relacionamientos y las Unidades Inteligentes de Fiscalización, permitirá a la institución seguir identificando patrones de fraude y actuar con mayor celeridad en casos similares. La SAT reafirmó su compromiso de velar por el cumplimiento tributario y combatir la corrupción que afecta las finanzas públicas.
