La Federación Nacional de Fútbol presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Jonathan Interiano, trabajador del Congreso de la República, por el delito de apropiación o retención indebida. El caso sacude a la Liga Nacional de Fútbol Femenino tras revelarse serias anomalías financieras y administrativas.
Asamblea extraordinaria y denuncia En una sesión extraordinaria, la asamblea de la Federación conoció los hallazgos de una auditoría que expuso graves irregularidades en la administración de fondos. De forma unánime, solicitaron la renuncia inmediata de Interiano y trasladaron el caso al MP, señalándolo como único responsable.
Principales hallazgos de la auditoría Incongruencias contables: Los registros financieros no coincidían con las cuentas reales. Falta de trámites legales: No existían procesos ante la Contraloría General de Cuentas ni registros formales de manejo de fondos.
Pagos a familiares: La esposa de Interiano, Rosalía del Rosario Solares, recibió Q3,000 mensuales en cheques, además de pagos duplicados y cobros sin respaldo por manejo de redes sociales. Compras y viajes sin soporte: Se reportaron Q13,000 en dos computadoras de escritorio y Q12,000 en un viaje a Perú, ambos sin documentación.
Viáticos excesivos: Solicitudes constantes de Q400 a Q1,300 en lapsos de 1 a 2 días, incluyendo un desembolso extremo de Q12,000 en un solo viaje. Gastos sin respaldo: Eran frecuentes las erogaciones sin facturas ni justificación documental. El nexo con el Congreso Jonathan Interiano, con salario de Q16,975 mensuales, inició en la oficina del diputado Edgar Cristiani, luego trabajó con Boris Roberto España Cáceres y actualmente aparece en la oficina del diputado José Arnulfo García Barrios, según el portal oficial del Legislativo (junio 2025).
Debate sobre transparencia Este caso no solo afecta la credibilidad de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, sino que también abre un nuevo debate sobre el control y fiscalización de los fondos públicos en el Congreso. La investigación del MP será clave para determinar responsabilidades y esclarecer el uso de recursos que, según la auditoría, fueron desviados a fines personales y familiares.