Guatemala acusa a Camargo y Velásquez
El Ministerio Público de Guatemala, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), reavivó este lunes 3 de junio uno de los casos más controversiales de los últimos años al señalar directamente a Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por presunta participación en actos ilícitos relacionados con el escándalo Odebrecht. Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actual embajador de Colombia ante el Vaticano, y Camargo, fiscal general de Colombia, fueron acusados de encubrir delitos y manipular procesos judiciales cuando ambos trabajaban en el país centroamericano.
Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, presentó nuevos detalles del caso denominado “Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad”, una fase derivada de las investigaciones sobre el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos millonarios en Guatemala. Según Curruchiche, exfuncionarios de la Cicig y del antiguo Ministerio Público habrían negociado acuerdos de impunidad con los involucrados en el caso a cambio de beneficios, incluso eliminando expedientes clave y cerrando investigaciones que comprometían a actores políticos y económicos.
El fiscal afirmó que cuando dichos acuerdos no se concretaban, los acusados supuestamente fabricaban casos penales “con fines políticos”. En ese contexto, mencionó directamente a Camargo y Velásquez como parte de una red que habría operado al margen de la legalidad y que, según él, traicionó el mandato original de la Cicig: combatir la impunidad.
Los señalamientos se basan en una denuncia presentada en diciembre de 2018 por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, quien desde hace años ha impulsado acciones legales contra exfuncionarios de justicia transicional. Curruchiche también presentó extractos de correos electrónicos en los que, supuestamente, se evidencian reuniones entre Camargo, Velásquez y otros miembros de la Cicig para negociar “colaboraciones eficaces” fuera del marco legal guatemalteco.
La respuesta internacional no se hizo esperar. Desde Nueva York, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, emitió un comunicado en el que reiteró que tanto Velásquez como Camargo gozan de inmunidad por su trabajo como funcionarios de la Cicig, incluso después del fin de su mandato. Guterres expresó además “profunda preocupación” por lo que calificó como una persecución judicial contra quienes en su momento encabezaron la lucha contra la corrupción en Guatemala.
“La inmunidad de los funcionarios internacionales es un principio del derecho internacional, y debe ser respetada por todos los Estados”, subrayó el portavoz de la ONU, añadiendo que el secretario general está siguiendo el caso “muy de cerca”.
En Guatemala, las reacciones no han sido unánimes. Mientras sectores conservadores celebran lo que consideran una reivindicación frente al supuesto sesgo ideológico de la Cicig, organizaciones de derechos humanos y juristas independientes denuncian que la Feci se ha convertido en un instrumento para criminalizar a quienes lucharon contra las estructuras de corrupción.
La Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial emitió las órdenes de captura contra Camargo y Velásquez, aunque es improbable que se materialicen debido a su inmunidad diplomática y a la falta de acuerdos bilaterales de extradición en estos casos.
El caso Odebrecht, que alguna vez fue un símbolo del alcance internacional de la justicia anticorrupción, parece haberse transformado en una arena para la confrontación política y el ajuste de cuentas. En el centro de la disputa están dos figuras que, desde distintos cargos, se convirtieron en referentes de la lucha contra la impunidad en América Latina, y que ahora enfrentan acusaciones impulsadas por la misma fiscalía que alguna vez colaboró con ellos.