La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó este martes 12 de noviembre una solicitud de ampliación y aclaración presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien buscaba ajustes a las instrucciones sobre la elección de su nuevo presidente. Con esta resolución, la CC reafirma su mandato de que la CSJ debe elegir al próximo presidente del Organismo Judicial (OJ) en un plazo de cinco días, subrayando que la orden es inapelable.
La CSJ, que enfrenta serias dificultades para lograr consenso interno, ha realizado varias rondas de votación sin éxito. Durante la última sesión el lunes 11 de noviembre, los magistrados nuevamente no lograron reunir los votos necesarios para elegir al presidente, lo que los obligó a tomar un receso y posponer la elección hasta el martes.
Según la CC, no existen ambigüedades ni contradicciones en su fallo inicial. La corte enfatizó que su resolución es clara y no requiere más ajustes, dejando sin fundamento la petición de la CSJ. Este rechazo, de acuerdo con analistas, es un llamado de atención a la CSJ para que cumpla con su deber sin dilaciones.
En la actual elección, se disputan la presidencia dos candidatos: Carlos Lucero, actual presidente interino de la CSJ, y Carlos Ramiro Contreras. La elección requiere al menos nueve votos para que uno de los candidatos obtenga la presidencia. Hasta ahora, Lucero ha obtenido cinco votos y Contreras, ocho, lo que muestra una clara división en el órgano judicial.
Esta situación deja en evidencia una falta de consenso y liderazgo en la CSJ, justo en un momento en que se necesita fortalecer la institucionalidad del sistema judicial. El tiempo se agota y, de acuerdo con la CC, no hay margen para extensiones. El público y las autoridades mantienen su mirada sobre la CSJ, esperando una resolución que asegure el buen funcionamiento del Organismo Judicial.
Con el plazo de la CC en curso, la CSJ se encuentra en una situación apremiante. Los magistrados deben elegir al nuevo presidente en los próximos días, lo que pone a prueba la capacidad de decisión y el compromiso con la institucionalidad de este órgano clave en Guatemala.